Especial 6to Poder: Empresarios y exmilitares venezolanos vinculados con caso Navantia (Investigación)
Miércoles, 26 de septiembre del 2012.- Un grupo de exmilitares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y empresarios venezolanos habrían sido receptores de aproximadamente 30 millones de euros como parte de la comisión que la empresa Rebazve obtuvo por la venta de España a Venezuela de ocho buques de vigilancia.
Al parecer, la empresa española Navantia, encargada de la venta, destinó 42 millones de euros del contrato a pago de comisiones. Entre los involucrados se encuentran los empresarios venezolanos Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé, presuntamente “vinculados” con el gobierno.
Carvallo es un empresario venezolano, administrador de Revazbe Holding LTD, empresa encargada de intermediar en la negociación entre los dos Estados y que fue registrada ese mismo año en Caracas. El empresario pertenecería a la burguesía venezolana que ha seguido haciendo negocios en la etapa del presidente Hugo Chávez, una suerte de capitalistas adaptados al régimen.
La madre de Carvallo está casada con un importante abogado, quien estaría detrás de la compañía y la maneja sin figurar. Ella fue consultora jurídica del expresidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Además, un primo del empresario se encuentra detenido en El Helicoide por el caso Econoinvest.
Por su parte, Pedro Enrique Malavé Benavides es un empresario venezolano, administrador de Rebazve Holding LTD. Según un diario español es dueño de “Fashion Canary Island”, una peluquería en las islas Canarias.
De acuerdo con la información obtenida, tanto Carvallo como Malavé destinaron “grandes cantidades de dinero” a exmilitares de la Armada de Venezuela. De hecho, otro grupo del cuerpo castrense, liderado por el exoficial Luis Calderón -ya fallecido-, protestó porque las comisiones no les llegaban. Contrataron a un despacho de abogados español para que reclamara su parte a Navantia, pero la empresa pública se negó a abonar cantidad alguna, porque ya habían cancelado a Rebazve.
EL CASO
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el mandatario Hugo Chávez acordaron en mayo de 2005 que el grupo de astilleros público Navantia construyera ocho buques de vigilancia para la Armada Venezolana, de los que ya se han entregado siete, al menos en Cadiz, y cuatro en la nación.
El contrato se firmó en noviembre de ese año por un mil 207 millones de euros, pero unos días antes, Navantia firmaba un acuerdo de mediación con la empresa Rebazve Holding Ltd, por el cual la empresa cobraría una comisión del 3,5% de la venta. Se reservaban casi 42 millones de euros, a pesar de que eran acuerdo de Estado a Estado con la implicación directa de Zapatero, su ministro de Defensa, José Bono y el presidente Chávez.
Un juzgado de instrucción de Madrid mantiene imputados por tráfico de influencias y delito fiscal a los dos comisionistas españoles, Javier Salas Collantes, último presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), que salió del gobierno en 1996, y el que fuera su subordinado en el INI Antonio Rodríguez-Andía. Cada uno ha cobrado seis millones de euros. El INI que Salas presidió se transformó en la actual SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), que es dueña del cien por cien del capital de Navantia.
Los implicados del caso
Hasta ahora, sólo se conocen los nombres de Javier Salas Collantes, de origen español y quien se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) desde 1990 hasta 1995. Ha ostentado diversos cargos ejecutivos en España y es vinculado directamente al PSOE.
Con respecto al caso, Salas ha afirmado que no hay ilícito de “tráfico de influencias” que le imputa la justicia, ya que él había salido del INI 10 años antes de la firma de contrato. Habría recibido seis millones de euros como comisión por los acuerdos navieros entre las dos naciones. El imputado justificó por estos cuantiosos honorarios, a pesar de que era un acuerdo cerrado entre Estado y Estado, al sostener que después de la firma hay retrasos, cambios y problemas que la mediadora ayuda a solucionar.
Suena también el español Antonio Rodríguez-Andía, quien era subordinado de Salas Collantes en el INI. También habría recibido seis millones de euros como comisión por los acuerdos navieros.
Detrás de todo, la empresa Rebazve Holding LTD firmó un contrato de mediación con la estatal española Navantia poco antes de la firma del convenio en Caracas. Por esto se otorgó el 3,5% del contrato, es decir 42 millones de euros.
La postura oficial de la naviera pública es que los comisionistas fueron necesarios. Estados Unidos intentó vetar la operación. No lo consiguió con los barcos, pero sí con una partida de aviones que la española CASA fabricarían e incluían tecnología estadounidense.
De acuerdo a fuentes en el ámbito jurídico, la empresa pública no debería haber pagado comisiones por la venta, ya que era un acuerdo entre dos gobiernos.
En Venezuela
En el país estaría implicado Luis Calderón, exmilitar ya fallecido y su socio, Wigberto Marín, ambos con contactos con el Gobierno venezolano, habían exigido una comisión a Navantia antes y después de la firma del contrato de venta de ocho patrulleras en noviembre de 2005. La empresa se negó a pagar y provocó fuerte malestar en altos cargos de la Armada, ya que estos intervinieron en la operación antes que Rebazve.
Para intentar cobrar, los dos venezolanos contrataron al despacho madrileño Goñi Abogados, decano en Derecho Marítimo y que trabaja para Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Además, otros nombres suenan, pero poco se ha encontrado sobre ellos: Mario Rivero, apellido que coincide con el de un importante militar, el excapitán de navío José Gregorio Rivero, aunque pudiera ser casualidad.
El otro implicado sería Hermann Eduard Baasch Wantzelius, pero lo único que pudo encontrarse es que su padre fue Oscar Baasch Römer y la madre de este a su vez era María Römer Kolster, emparentada con Corina Römer Kolster, quien se casó con Jacobo Salas Salas y como hijo tuvieron a Henrique Salas Römer, exgobernador del estado Carabobo y fundador del partido político Proyecto Venezuela, además de Padre de Henrique Salas Feo, actual burgomaestre en la entidad.
Para Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, lo que se conoce del caso es sólo “la punta del iceberg”, pues hay más de lo que se ha podido entrever, ya que la única información obtenida es la que viene importada del proceso jurídico que se lleva a cabo en España.
Los retrasos
En noviembre del año pasado el presidente Hugo Chávez aprobó el pago de 198 millones de dólares al constructor naval español Navantia, que fabrica ocho barcos patrulleros para el Estado. El monto correspondía al pago del último trimestre del año.
Al parecer, los pagos obedecían a algunas presiones para que no se multara al Estado. Se tiene conocimiento de que en aquella época, Gilberto Meneses, Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) habría solicitado la asignación de recursos para cancelar los dos compromisos de 2010 y 2011 con la compañía española: uno por cuatro Patrulleros Oceánicos de
Vigilancia (POV) y otro por cuatro Buques de Vigilancia Litoral (BVL).
Para el momento de estas comunicaciones, por el primero se le debía a la estatal española 38 millones 840 mil euros. El retraso en los pagos ocasiona intereses moratorios al 1% mensual hasta llegar al 10% del monto del contrato, equivalente a 388 mil 400 euros mensuales.
Caso Dianca
En cuanto a los BVL señalan el incumplimiento por parte de Dianca, subcontratada por Navantia. A los cinco contratos de mantenimiento a submarinos y fragatas misilísticas se añade el incumplimiento con la construcción de los BVL a Navantia por el monto de 48 millones 889 mil 600 euros, para lo que no hay asignación presupuestaria. Meneses urgía que se cancelaran al menos dos millones 234 mil 400 euros para que entregaran el cuarto PVL.
En el informe se exponía una serie de irregularidades que se han cometido en la ejecución de estos: los contratos suscritos en 2002 han tenido diferentes prorrogas que oscilan desde seis hasta 80 meses y presentan un retraso promedio de cuatro años y medio.
La ejecución física de las obras ha sido de 34%, mientras que la financiera llega al 86%. Además, tres de los contratos contemplan el mantenimiento mayor de los submarinos Sábalo y Caribe, éste último seccionado en dos partes y sometido a los embates de las condiciones ambientales de humedad y salinidad.
Igualmente, en noviembre de 2008, el Contralor General de la FANB remitió al Contralor General de la República, el fallecido Clodosbaldo Russián el Informe Definitivo de Auditoría, y en respuesta recibió de la Dirección General de Control de la Administración Nacional Descentralizada de la CGR, un informe en el que prometieron mantenerlos al tanto de las acciones emprendidas.
COMISIÓN DE DEFENSA
NO INVESTIGARÁ
El diputado a la Asamblea Nacional Tomás Guanipa pidió hace unos días investigar la denuncia reseñada en España, donde se asegura que exmilitares venezolanos recibieron “grandes cantidades de dinero” por contrato entre España y Venezuela para la construcción de ocho buques patrulleros.
El acuerdo, a juicio de Guanipa, era bilateral y no ameritaba intermediarios como sucedió. “Exigimos saber cuanto antes cómo se invierten los recursos en gastos imitares”.
Aún así, Néstor León Heredia, integrante de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Parlamento, descartó iniciar una investigación en la AN por el tema, porque es una “noticia falsa”, puesto que se trata de parte de la campaña sucia para tratar de desprestigiar al presidente Chávez en su carrera a la Presidencia.
Cree también que se trata de desacreditar a la FANB, pues la soberanía no es sólo la defensa territorial, sino también lo es tratar de desacreditar a un gobierno que ha “mostrado tanta transparencia y pulcritud en una negociación clave para el beneficio del país”.
Si la oposición lleva el tema a la Plenaria será discutido, pero no conoce elemento de validez para abrir una investigación. “Son una de las tantas acciones perversas para buscar zozobra o inocular el virus del miedo, cuando nosotros estamos en contra de cualquier acto de corrupción, caiga quien caiga o venga de donde venga”.
Luis Toscano
Ltcasno@6topoder.com
Semanario 6to Poder
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