Puño y Letra

Otra jueza que pone la plasta

MARIO VILLEGAS

mariovillegas100@gmail.com / Twitter: @mario_villegas

(Publicado en el Diario 2001 / Domingo 3 de marzo de 2013)

El 14 de mayo de 2008, siendo yo un modesto periodista al servicio de la administración pública, fui víctima de una arbitraria medida del Superintendente del SENIAT, José Cabello Rondón, en virtud de la cual se me trasladaba sin mi consentimiento (indispensable, según el estatuto del SENIAT) a la aduana de Santa Elena de Uairén, situada a 1.400 kilómetros de mi residencia en Caracas y me obligaba a separarme de mi familia, especialmente de mis dos hijos menores, cuyos derechos constitucionales están considerados de interés superior y prevalecen frente a otros derechos. Se trataba de una clara retaliación política destinada a castigarme por dos delitos: primero, mantener una columna de opinión crítica en un diario capitalino y, segundo, negarme rotundamente a vestir franela y gorra rojas en mis actividades laborales.

A mi hermano Vladimir, siendo para entonces un importante cuadro del chavismo, le exigí no realizar ninguna gestión en mi favor. No obstante, el 20 de mayo, bajo el título “Un Gulag en el SENIAT”, condenó desde su columna semanal en El Nacional lo que calificó como una medida “apestosa a estalinismo” que de ninguna manera doblegaría mi posición política. Mi otro hermano, Ernesto, también por propia iniciativa, se pronunció el mismo día en su programa de Venezolana de Televisión contra lo que consideró una factura política. “Ojalá el gobierno tuviera mil Mario Villegas, que independientemente de su postura política cumplan con su trabajo. Hay muchos que se ponen una gorra roja o una franela roja y no lo cumplen, o en realidad son aprovechados oportunistas que se las dan de revolucionarios”, dijo con notoria indignación entre muchos otros argumentos. Tres días más tarde, el 23 de mayo, Ernesto dedicó también al caso su columna del semanario Quinto Día, la cual tituló para la ocasión “El autogol”.

Además del rechazo público de mis hermanos, aquella decisión motivó un sinnúmero de publicaciones periodísticas, opiniones de diversos colegas, chavistas y no chavistas, además de pronunciamientos de varios organismos gremiales de los periodistas y de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Meses más tarde, en enero de 2009, se consumó mi destitución, bajo el argumento de que con todo lo que había aparecido en la prensa yo había lesionado la imagen del SENIAT, cuando en verdad se trataba de publicaciones espontáneas de los medios, como el caso de mi recurso de reconsideración obtenido y divulgado por el semanario Quinto Día bajo su propia responsabilidad, así como de reacciones condenatorias a la arbitrariedad de Cabello, las cuales fueron claramente asumidas por sus autores individuales o institucionales.

En demanda de justicia, hice uso de los recursos que me otorgan la Constitución y las leyes de la República. Y cuatro años más tarde, curiosa e insólitamente, la Jueza Superior Novena en lo Civil y Contencioso Administrativo, Geraldine López Blanco, acaba de dictar una sentencia en la que santifica la absurda tesis de que yo no evité que se generase “una matriz de opinión contraria a la institución”, cosa que correspondía exclusivamente a las autoridades del SENIT con el ejercicio de su derecho a réplica o con la sola suspensión de mi arbitrario traslado.

Si nos atenemos al dictamen de la jueza, habría que concluir que lo que hace daño a las instituciones del estado no es que los jerarcas públicos pisoteen la Constitución y las leyes, atropellen y vulneren los derechos de los trabajadores o cometan toda suerte de irregularidades, sino que todo eso llegue al conocimiento de los medios de comunicación y de la sociedad. Mientras todo quede en silencio, bienvenidos los desafueros y las corruptelas.

Si el presidente Hugo Chávez tuvo la osadía de calificar de “plasta” una célebre sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, sobradas razones tengo para tildar con el mismo adjetivo la deposición de esta jueza, cuyo dictamen pone en evidencia una vez más el pésimo momento que atraviesa la justicia en Venezuela.

Pero no me rindo. Apelaré de esta decisión ante la Corte de lo Contencioso y agotaré todos los recursos legales que en el ámbito nacional y planetario me confieren mi condición de trabajador venezolano y de honrado ciudadano del mundo.