¿TRAICIÓN AL “GIGANTE”? Maduro se opone a Chávez en su posición de libertad en protestas
Lo que afirmaba Chávez tenía base en el texto del artículo 68 de la
Constitución Nacional, la cual consagra el derecho ciudadano a
manifestar, y cuando establece restricciones se las impone no a los
manifestantes… ¡Sino a la policía!, al prohibir expresamente el uso de “armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.
Lo que hoy dice el “madurismo” sobre el mismo tema es algo muy distinto.
Distinto a lo que dice la Constitución y a lo que afirmaba Chávez. De
acuerdo a la sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia el pasado jueves 24 de abril, “interpretando” (en
realidad, reescribiendo) el ya mencionado artículo 68, “La autorización
emanada de la primera autoridad civil de la jurisdicción de acuerdo a
los términos de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y
Manifestaciones, constituye un requisito de carácter legal, cuyo
incumplimiento limita de forma absoluta el derecho a la manifestación
pacífica, impidiendo así la realización de cualquier tipo de reunión o
manifestación. Por lo tanto, cualquier concentración, manifestación o
reunión pública que no cuente con el aval previo de la autorización por
parte de la respectiva autoridad competente para ello, podrá dar lugar a
que los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden
público a los fines de asegurar el derecho al libre tránsito y otros
derechos constitucionales (como por ejemplo, el derecho al acceso a un
instituto de salud, derecho a la vida e integridad física), actúen
dispersando dichas concentraciones…”.
El Gobierno contra la protesta pacífica
Hay que destacar que la limitación impuesta por el madurismo no está
dirigida a restringir, impedir o reprimir la protesta violenta, pues
específicamente el texto de la sentencia del TSJ se refiere “a limitar
en forma absoluta el derecho a la manifestación pacífica”. Queda también
muy claro que con esta sentencia el madurismo busca limitar no a los
partidos de oposición, a los sindicatos o a los gremios estudiantiles y
profesionales, pues cuando estos realizan una manifestación la
planifican primero, y en esa planificación incluyen hacer las
participaciones (que no “solicitudes de permiso”, pues la ley NO EXIGE
que se pida permiso alguno…) respectivas. No, señor: el destinatario
real de esta limitante sentencia es el ciudadano de a pie, el pueblo
llano, y sobre todo sus sectores más activos, que son los que suelen
protagonizar las espontáneas protestas populares que (exigiendo
vivienda, agua, luz, empleo, seguridad, etc.) sólo en el año 2013
sumaron un total de 4.410 movilizaciones.
El régimen “deroga” a Chávez para reprimir a los chavistas
Y cuando nos referimos a “los sectores más activos” de las masas
populares estamos aludiendo directamente a los sectores de base del
PSUV, esos mismos que hoy aclaran con rabia creciente que ellos son
“chavistas pero no maduristas”, y que precisamente son quienes han
estado al frente de por lo menos la mitad de estas protestas espontáneas
que, justamente por serlo, no suelen contar con las “participaciones” y
“permisos” que ahora la justicia madurista considera “indispensables”
para poder protestar. Dicho de manera clara y directa: Ante el creciente
malestar popular por el paquetazo económico en pleno desarrollo, ante
la indignación del pueblo porque (gracias a las devaluaciones de Maduro)
hoy el dinero no alcanza ante el alza de los precios, ante el aumento
del pasaje y ante la escasez crónica que el mismo Gobierno ha permitido y
promovido, el madurismo quiere “curarse en salud”, pretendiendo
“prohibir” las protestas populares incluso antes que se produzcan. Con
esta sentencia en la mano, Maduro busca tener luz verde para reprimir al
pueblo en general y al pueblo chavista en particular, para seguir
ejerciendo el poder de espaldas a la realidad de la gente, satisfaciendo
únicamente a los boliburgueses, a los grandes negociantes, a los
comisionistas, a los capos del saqueo y a sus testaferros de las
empresas de maletín, los mismos que con CADIVI se robaron 25 mil
millones de dólares, y que hoy siguen haciendo lo único que saben hacer,
aquello que la impunidad les permite.
Fuente: Chuo Torrealba / diariolavoz.net
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