Sanciones contra Maduro marchan a toda máquina
Antonio Maria Delgado
adelgado@elnuevoherald.com
Legisladores estadounidenses están acelerando los pasos para
aprobar las sanciones contra altos funcionarios del chavismo, en vista
de la renuencia de la administración de Barack Obama de tomar acciones
decisivas para castigar a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro
involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Fuentes
cercanas a la situación dijeron a el Nuevo Herald que los esfuerzos para
aprobar las sanciones avanzan con “excepcional” rapidez en el Congreso,
ya que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Representantes aprobó el viernes su propio proyecto de ley, mientras su
contraparte en el Senado se prepara para hacer lo mismo con su propia
versión en la próxima sesión.
“El Comité de Asuntos Exteriores [de
la Cámara de Representantes] actuó esta mañana con una voz bipartidista
condenando las violaciones a los derechos humanos que ocurren en
Venezuela”, dijo la congresista Ileana Ros-Lehtinen, al resaltar la
abrumadora votación favorable con que fue aprobado el proyecto que ella
misma introdujo.
“La aprobación […] envía un fuerte mensaje a Maduro de que el
Congreso de los Estados Unidos está pendiente de las atrocidades
cometidas por su régimen, y que enfrentará las consecuencias”, agregó.
El
proyecto de ley de la cámara baja insta al presidente Barack Obama a
revocar las visas y congelar los activos en Estados Unidos de varios
funcionarios venezolanos a los que considera responsables de violar los
derechos humanos y acallar a aquellos que informan sobre las protestas
contra el régimen.
Pero fuentes del Congreso aseguran que el
proyecto del Senado, cuyas características son similares, es el que en
realidad tiene mayores probabilidades de ser adoptado, y que
probablemente será aprobado por la comisión en la próxima “sesión de
negocios”, en alrededor de 10 días.
La aprobación en el comité de
la Cámara de Representantes se produjo un día después que funcionarios
del Departamento de Estado fuesen duramente cuestionados por la Comisión
de Relaciones exteriores del Senado. Algunos de los más reconocidos
dirigentes de la política estadounidense fustigaron a la administración
de Obama por mantenerse de brazos cruzados frente a la feroz represión
en Venezuela.
“¿No es realmente inusual por parte de nosotros que
básicamente nos mantengamos sentados viendo cómo la situación en
Venezuela sigue deteriorándose ante el gran sufrimiento del pueblo
venezolano?”, preguntó en la audiencia el senador y ex candidato
presidencial John McCain.
“El mensaje que nosotros estamos
tratando de enviarles es que si ustedes no actúan, entonces nos veremos
obligados a actuar y yo no sé contar votos muy bien, pero […] creo que
se ha presentado un buen caso para que nosotros consideremos las
sanciones”, agregó.
Las acciones de los últimos días dejan en
evidencia de que el Congreso está dispuesto a actuar si la Casa Blanca
no lo hace primero, comentó Roger Noriega, ex subsecretario de Asuntos
Hemisféricos del Departamento de Estado.
“Se agotó la paciencia.
El presidente debería en este momento proceder a ver cuáles de los
distintas herramientas que ya tiene y puede usar, como la que utilizó para
aplicar las sanciones contra Ucrania [...] para enviar un mensaje muy
claro de que ya Estados Unidos no está dispuesto a seguir
tolerando un régimen criminal que aterroriza a su propia gente”, comentó
Noriega desde Washington.
La audiencia en el Senado y la
aprobación del proyecto de ley en la Cámara baja se produjeron a las
pocas horas de que fuerzas del régimen bolivariano arrestaran a más de
200 estudiantes, al desmantelar cuatro campamentos de los manifestantes.
Esa
intervención policial detonó fuertes disturbios en Caracas, donde murió
un oficial de la Policía Nacional por herida de bala, en circunstancias
aún no esclarecidas.
La feroz represión emprendida por el régimen
contra los manifestantes ha dejado un saldo de al menos 42 muertos,
cerca de 800 heridos, miles de arrestos y decenas de casos de torturas.
De
ser aprobado, el proyecto de sanciones del Senado llevaría al
Departamento del Tesoro a congelar las cuentas e incautar los bienes de
funcionarios del chavismo involucrados en la ola represiva emprendida
contra los manifestantes.
Personas familiarizadas con ese proyecto
dijeron que entre los posibles sancionables se encuentra el gobernador
del estado Aragua, Tareck El Aissami, así como José David Cabello
—hermano del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello— y los
generales de la Guardia Nacional involucrados directamente en la
represión en Venezuela.
En la audiencia del jueves, el Senador
Marco Rubio reveló otros de los nombres que aparecen en la lista,
incluyendo los de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, la Defensora del
Pueblo, Gabriela Ramírez, el gobernador del estado Trujillo, Henry
Rangel Silva, y el del ministro de Relaciones Interiores, Miguel
Rodríguez Torres.
La lista también incluye nombres de personas señaladas como testaferros de altos funcionarios del chavismo.
Los
esfuerzos por aprobar las sanciones están siendo catapultados por un
devastador informe para el régimen de Maduro publicado por Human Rights
Watch que concluye que las violaciones de los derechos humanos se ha
vuelto sistémicas en Venezuela.
En un informe titulado “Castigados
por Protestar”, la ONG relata los salvajes abusos cometidos por agentes
del chavismo en 45 casos contra los manifestantes, que incluyen
“violaciones al derecho a la vida, a la prohibición a al tortura y al
trato cruel, inhumano y degradante, al derecho a la integridad física, a
la seguridad, a la libertad y a los derechos al debido proceso”.
@ellnuevoherald
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