Proyecto agrario de Venezuela con Brasil arroja pérdidas millonarias
El complejo agroindustrial José Abreu e Lima, en Anzoátegui, es uno de los más importantes proyectos de cooperación binacional entre Venezuela y Brasil.
Las semillas podridas de soya se encuentran tiradas en un terreno baldío de Caico Seco. Las moscas revolotean alrededor de los sacos, que despiden un hedor penetrante en esa población del municipio Aragua de Anzoátegui. Nadie aparece por el botadero para explicar por qué se dañó el material importado de Brasil, el cual se descompone al lado de decenas de sacos de fertilizante también en mal estado. El Gobierno prometió impulsar con insumos semejantes y con cooperación brasileña un gran proyecto en esa jurisdicción de la mesa de Guanipa: el complejo agroindustrial José Inácio de Abreu e Lima. El objetivo de la empresa socialista es sembrar 35.000 hectáreas de soya -rubro estratégico por su alto contenido de proteínas vegetales- y poner en funcionamiento un conjunto de plantas destinadas a fabricar alimentos para animales y productos para consumo humano, como aceite, bebidas saborizadas y derivados como “carne de soya”. La imagen del vertedero solitario puede reflejar el desempeño de la compañía pública, la cual no ha cumplido sus objetivos, como lo confirman documentos internos a los que tuvo acceso El Nacional, registros del Ministerio de Agricultura y Tierras e informes que productores locales han remitido a las autoridades para llamar la atención sobre el caso.
Un futuro promisorio se anticipaba cuando Hugo Chávez y Luis Inácio Lula Da Silva recorrieron las sabanas de la mesa de Guanipa, en octubre de 2009. Los presidentes de Venezuela y Brasil se abrazaron y se fotografiaron sonrientes 8 meses después de la aprobación de la primera etapa de una obra consentida de la relación binacional, que fue bautizada con el nombre de un general de Recife que combatió junto con el Libertador Simón Bolívar. La compañía localizada en las proximidades de la Faja Petrolífera del Orinoco -la mayor reserva del mundo- buscaba no sólo consolidar la soberanía alimentaria, sino cambiar el destino de una región que depende del hidrocarburo. La propaganda oficial ha creado un velo alrededor de la verdadera situación de la empresa después de 5 años, una inversión de más de 645 millones de dólares y las gestiones de 3 ministros (Elías Jaua, Juan Carlos Loyo e Yván Gil), 4 presidentes del Instituto de Desarrollo Rural al que está adscrita la compañía (Américo Mata, Denixce Aponte, Javier Ramos y Alí Peña) y 1 presidente de la empresa, que fue formalmente constituida en 2012 después de tener el estatus de proyecto (Alfredo Herrera).
La documentación sobre el complejo refleja no sólo el retraso en la construcción de las plantas procesadoras de materia prima, que todavía no están en funcionamiento, sino los malos resultados de los planes de siembra, que se han traducido en pérdidas millonarias de soya y en una productividad por debajo de los niveles aceptables en un país como Venezuela. Los informes revelan además que se ha comprado maquinaria que no se adaptaba a las necesidades del complejo y que el retardo en la incorporación de equipos clave ha afectado negativamente el rendimiento de los cultivos. La comercialización de las cosechas -que por ahora sólo se distribuyen a otras plantas estatales- no ha sido suficiente para garantizar la sustentabilidad de la empresa, que depende de los auxilios financieros de la banca pública. La soya, alimento milenario, rubro con bondades nutritivas, base de derivados para consumo masivo, se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno en un contexto en el que el desabastecimiento, la inflación y la falta de divisas para importar lo mucho que no se fabrica en el país son invitados incómodos a la hora de la comida.
Cosecha improductiva
La carretera El Tigre-Pariaguán que conduce al complejo está rodeada por campos de soya. Las sabanas están forradas de plantas, pero esa imagen dirá poco. En un informe interno elaborado en mayo pasado por la Presidencia de la compañía se reconoce que la productividad fue negativa en 2012 y que no se esperaba una mejora en 2013: “Se obtuvieron rendimientos bajos de producción en el rubro de soya en grano, debido a factores de calidad de la semilla, suministro oportuno de insumos y déficit de equipos”. El documento indica que en las 14.100 hectáreas que han logrado cultivarse no se obtendrían más de 17,5 toneladas de materia prima (6 más que el año pasado). Es necesario hacer un cálculo simple para comprender el dato: en los campos asociados al complejo se obtiene un máximo de 1,25 toneladas por hectárea, pero debería producirse aproximadamente el doble. Los expertos coinciden en que el rendimiento en siembras comerciales debe ser de 2,5 toneladas por hectárea. Así, por ejemplo, lo indica Pedro Solórzano, investigador y consultor especializado en el rubro, quien elaboró un estudio titulado
“Análisis productivo del cultivo de la soya en Venezuela durante los últimos diez años”, que está a punto de ser publicado por la Universidad Central de Venezuela. Una precisión se incluye en el texto: históricamente ha habido cosechas en la mesa de Guanipa que han podido superar los rendimientos de 3 toneladas por hectárea, mucho más que el promedio logrado hoy.
La Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras presentada en marzo pasado fue redactada con términos que valdría la pena releer con la lupa de la lucha anticorrupción a la que ha llamado el presidente Nicolás Maduro. Se señala, por ejemplo, que la compañía registró “pérdidas innecesarias de producción”. También se habla de la “desviación” de 44% de los recursos debido a que se presupuestaron costos fijos para sembrar 30.000 hectáreas, aunque se abarcó aproximadamente la mitad. El ejercicio económico dejó igualmente pérdidas operativas por más de 23 millones de bolívares, según el documento oficial. La situación de la empresa obligó a la junta directiva a solicitar al Banco de Venezuela un préstamo de 132,5 millones de bolívares. El monto, para inversiones y capital de trabajo, se aprobó y se empezó a ejecutar en junio de 2012.
Peores cálculos
El MAT admitió en la Memoria y Cuenta de 2012 que las “pérdidas innecesarias” de soya ocurrieron en 7% del área cultivada, lo que equivale a aproximadamente 1.000 hectáreas. La evidencia recogida por agricultores, sin embargo, retrata una realidad peor de la que admite el discurso gubernamental. Julio Evans, dirigente de la Red Socialista de Productores, Campesinos y Pueblos Indígenas del estado Anzoátegui, la cual agrupa a 23.000 personas, hace cálculos según los cuales desde 2009 el Gobierno ha perdido o dejado de percibir un total de 77 millones de dólares. “Debieron ser cosechadas 72.000 toneladas, pero solo se han producido 12.000. El plan de siembra hasta ahora ha funcionado muy mal”, dice, y señala que informes con esos datos fueron remitidos a una comisión designada por Nicolás Maduro Guerra, hijo del Presidente, que se reunió con Evans y otros agricultores. Aún no se ha informado públicamente de medidas con respecto al complejo.
El representante de los productores muestra las estadísticas mientras se toma un guayoyo en un cafetín del centro de El Tigre. Se convierte en portavoz de lo que otros agricultores y vecinos afirman: que hay grupos interesados en que el país no sea capaz de incrementar la producción, porque encuentran más lucrativas las importaciones de semillas, granos y productos terminados. “Existe una agromafia que atenta contra la soberanía alimentaria”. Se calcula que Venezuela adquiere en el exterior un aproximado de 1,2 millones de toneladas de soya y derivados y que deberían sembrarse 700.000 hectáreas para que el país se haga autónomo en sus requerimientos. El año pasado sólo se produjeron 48.000 toneladas en 42.000 hectáreas. En los años de gobierno del presidente Chávez el área sembrada y las cosechas dieron saltos significativos -en 2001 se producía un aproximado de 4.437 toneladas en 1.610 hectáreas- pero los bajos rendimientos y las pérdidas constantes se han convertido en ecuaciones sin solución para la burocracia agrícola venezolana.
Equipos inapropiados
Dentro del Abreu e Lima hay un patio de maquinarias con aparatos destartalados y oxidados. Allí se encuentran piezas y repuestos esparcidos por el suelo como si se tratara de un pequeño cementerio. También hay máquinas en mejor estado como tractores de origen bielorruso. En el informe interno sobre el complejo se afirma que funcionarios del Inder hicieron una adquisición inadecuada de aparatos sin consultar a Herrera y a sus colaboradores. “Fuimos dotados de equipos de siembra, abonadoras y encaladoras, que muy bien son factibles de usar en pequeñas extensiones de siembre, pero que no se ajustan a las necesidades propias de la empresa, porque no rinden el trabajo requerido para grandes extensiones de tierra, tal cual son las exigencias y objeto de la empresa José Inácio de Abreu e Lima”, se indica en el texto. Dos de los proveedores -las firmas Distribuidor Ferretero El Vigía y Punto Agro- tienen Registros de Información Fiscal que pueden ser verificados en la base de datos del Seniat -J297990607 y J313668460-, pero no en la del Registro Nacional de Contratistas. El detalle no es menor: ningún ente del Estado, de acuerdo con la ley, puede hacer negocios con compañías que no estén en esa lista de proveedores, salvo excepciones.
Las compras -también con los recursos del Banco de Venezuela- dejaron secuelas. El informe del complejo indica que al Distribuidor Ferretero El Vigía se le pagaron 40,5 millones bolívares por 45 cosechadoras cuyo envío no se hizo efectivo en 2012 y aún estaba retrasado en el primer semestre de 2013. Se atribuyó la situación a la lentitud en la emisión de los certificados de no producción nacional por parte del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, requisito para importar bienes que no se fabrican en el país. La Memoria y Cuenta del MAT se refiere al caso, aunque sin identificar al vendedor y con la mención de una cifra diferente de aparatos: “La empresa adquirió 46 cosechadoras (…) pero no llegaron al país. Ante esta contingencia se trabajó con cosechadoras de la empresa socialista Pedro Camejo, Pdvsa Agrícola y además se contrató el servicio de consejos comunales y cooperativas, sin embargo esto no fue suficiente para evitar pérdidas de cosecha”. Un ejecutivo de la compañía, al ser consultado por El Nacional, confirmó la venta, pero señaló que los portavoces autorizados se encontraban fuera del país y que no podían aportar detalles sin autorización del comprador.
El informe indica que Punto Agro vendió en julio de 2012 un total de 40 sembradoras, 17 encaladoras y 16 abonadoras por un monto de 9,1 millones de bolívares y que el año pasado finalizó sin que se completara la entrega de 5 encaladoras y 2 abonadoras. Se señala en el texto que otras máquinas presentaron desperfectos de fábrica. José Rivera, vocero de la compañía, confirmó la transacción, pero afirmó que vendieron 40 sembradoras y 28 abonadoras, menos máquinas que las mencionadas en el documento. Atribuyó las fallas en algunas de ellas al uso y mantenimiento inadecuado por parte del comprador. “Hicimos un análisis de lo que estaba pasando antes de completar la entrega de la maquinaria pendiente para buscar soluciones. Se hicieron adaptaciones en piezas para aumentar su tolerancia”, dice el portavoz, quien admitió que su compañía no está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas: “Nunca se nos exigió ese requisito”.
El Inder se reservó un total de 30,5 millones de bolívares para la compra de 30 tractores, indica el informe. En el texto no se aclara cuál fue el vendedor. Se señala que las máquinas fueron entregadas en marzo pasado y que los funcionarios del complejo no habían recibido hasta entonces las facturas de la adquisición. Los problemas con Agropatria, cadena creada después de la expropiación de Agroisleña hace tres años, también se mencionan en la cuenta anual del ministerio, en la que se aclara que la maquinaria vendida por esa empresa no cuenta con servicio posventa. “Esto implica retraso en las actividades de campo”.
Déficit de insumos
A Agropatria se le atribuyeron retrasos en la distribución de insumos. Los funcionarios del Abreu e Lima argumentan que se vieron obligados a utilizar los recursos del préstamo del Banco de Venezuela para comprar insecticidas, fertilizantes y aceites foliares, adherentes y herbicidas a otros proveedores: “Nos encontramos con precios de venta superior a los previstos originalmente en virtud del déficit de insumos del principal proveedor de agroquímicos (Agropatria)”. El informe anual del MAT agrega lo siguiente: “La entrega inoportuna de los agroinsumos ocasionó impacto en los bajos rendimientos del cultivo”. La situación no deja de ser paradójica para muchos productores. “Tenemos entendido que 90% de los materiales de Agropatria se dirigen al Abreu de Lima”, dice Evans. Los testimonios de los pobladores agregan que insumos son habitualmente desechados por gandolas en lugares solitarios como el de Caico Seco.
Estructura retrasada
La meta para poner en funcionamiento las primeras plantas procesadoras en el complejo estaba fijada para el año pasado. Basta recordar una escena: una transmisión televisiva de finales de 2011 en la que apareció Hugo Chávez reunido con Dilma Rousseff, sucesora de Lula Da Silva en la Presidencia de Brasil. Se hizo un enlace vía satélite con Danixce Aponte, viceministro de Desarrollo Rural Integral del MAT, quien habló desde las obras y ofreció su activación en 2012. Las promesas de entonces contrastan con la información de la más reciente Memoria y Cuenta del MAT, de acuerdo con la cual el complejo tiene 64% de avance físico, no así las plantas de leche y carne de soya y alimentos de animales -ninguna adelantada más allá de 30%- y las de extracción y refinación de aceite -que juntas alcanzan un progreso de 55%-. En suma todas podrán fabricar 140 toneladas de productos por hora.
La nueva meta oficial es culminar el proyecto en 2015. El ministro Yván Gil se ha mostrado confiado inclusive en lograr resultados antes: “Estamos muy contentos y seguros de que los programas se están cumpliendo. Podemos anunciar que la etapa de extracción y refinación de aceite estará lista para mediados de 2014, para producir las primeras botellas”. Un recorrido en las obras deja otra sensación. Los obreros trabajan, pero solo la estructura de una de las plantas empieza a tomar forma. Las demás le parecerían a cualquiera esqueletos sin carne ni músculos. Más avanzados lucen 5 grandes silos -sólo falta instalar uno- con capacidad para almacenar 10.000 toneladas cada uno. Una situación adicional se añade en la memoria ministerial: “Falta acondicionar el laboratorio del complejo agroindustrial, para aplicar pruebas químicas y biológicas a las muestras de cosecha, previa recepción y descartar contaminación por microorganismos de riesgo”.
Son pocos en la zona quienes discuten que la activación del complejo y su funcionamiento adecuado constituirían un salto para la economía regional: “La infraestructura que se está instalando es muy importante. Sería una lástima que el proyecto fracasara. El hogar de la soya está aquí”, dice José Luis Ferrera, un productor con 40 años de experiencia. Los anuncios ya no persuaden con la misma fuerza que antes en la mesa de Guanipa. Ni los voceros del Inder, ni los del complejo atendieron los requerimientos para este trabajo.
El Nacional
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