jueves, 22 de agosto de 2013

...el " ILEGÍTIMO CUCUTEÑO, NICOLÁS MADURO, pretende "habilitar la corrupción" con interpretaciones distorsionadas de la Constitución Nacional ...

Afirman que es ilegal el discurso chavista sobre la Habilitante

Consideran ilegal aprobar una habilitante con menos de 99 votos

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La Asamblea Nacional no recibe aún la solicitud formal de una sesión extraordinaria para debatir sobre poderes especiales AVN
ENDER MARCANO |  EL UNIVERSAL
jueves 22 de agosto de 2013  12:00 AM
Las interpretaciones de la Constitución de la República son comunes y con el caso de la Ley Habilitante no ha sido la excepción. Para los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con las 3/5 partes de los presentes en la sesión es suficiente, mientras que la bancada de la Mesa de la Unidad sostiene que dicha proporción es de todos los integrantes de la cámara, es decir, 99 diputados.

Cuando se revisa la Carta Magna en su artículo 203, sección que se refiere a la formación de las leyes, se señala: (...) Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley."

A pesar de lo que indica esta sección del artículo, los parlamentarios de la bancada oficialista insisten en que las tres quintas partes se circunscriben a los presentes en el hemiciclo de sesiones. Sin embargo, en el propio artículo 203 de la Constitución se hace referencia a "integrantes presentes", con lo cual queda clara la diferencia entre ambos conceptos.

En el párrafo que se refiere a la formación de las leyes orgánicas, la Constitución dice: "(...) Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley (...)".

El abogado experto en derecho administrativo Luis Herrera Orellana señala que, a diferencia de otras decisiones que se toman en la Asamblea Nacional, en el caso de la ley Habilitante la Constitución es expresa y se refiere al total de los integrantes del Parlamento. 

Explica que esta particularidad que prevé la Constitución en casos como las habilitantes y las leyes orgánicas se hace para proteger a las minorías del parlamento. "Una de las garantías para que haya respeto a las minorías es el quórum. Esto garantiza que en el caso de las leyes orgánicas o las leyes habilitantes no sea una mayoría circunstancial la que tome todas las decisiones, sino que se deben tomar en cuenta las minorías en el Parlamento", comenta el jurista.

Herrera Orellana agrega que de aprobarse la Habilitante sin 99 votos, se estaría actuando en contra del artículo 203 de la Constitución, por lo tanto sería ilegal.

Una de las acciones a las que pudiera apelar el chavismo en la Asamblea Nacional para vestir de legitimidad una habilitante con menos de 99 votos es una interpretación del Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, el abogado señala que si la interpretación se pide posterior a la decisión en el Parlamento se estaría utilizando al TSJ para convalidar algo contrario a la ley.

El experto en derecho administrativo no descarta que, ante una petición del Parlamento, el máximo tribunal del país "haga una interpretación de algo que no se puede sacar interpretación".

Habilitante corrupta

Para los diputados de la Unidad es claro que son necesarios 99 asambleístas, con los que no cuenta el chavismo en estos momentos, para aprobar la Habilitante. Por lo tanto, sostienen que de hacerse con menos votos se estaría iniciando una lucha contra la corrupción con una norma viciada.

"Es paradójico que una habilitante con la que se pretende atacar la corrupción venga por la vía del chantaje, de la triquiñuela, la distorsión de la Constitución", comenta Nora Bracho, diputada de Un Nuevo Tiempo por el estado Zulia.

Edgar Zambrano, jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, tiene una postura similar: "Pretender, a través de medidas especiales emanadas de procedimientos irregulares e interpretaciones caprichosas de la Constitución, ubicar la vía para querer hacer eficiente la lucha, sería arrancar con mal pie", manifestó el diputado en nota de prensa.

Bracho considera que el Presidente Nicolás Maduro pide poderes especiales para atacar la corrupción porque "se quiere lavar la cara ante tanta inmoralidad y corrupción que hay en el Gobierno". Recuerda que estas autoridades tienen 14 años en el poder, por lo cual ve el interés de hablar de corrupción en estos momentos como una forma de desviar los problemas reales de la población.

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