Afiuni, la presa del comandante

24.11.2012
01:11 PM

Este gobierno revolucionario está escribiendo una de las notas más negras en materia de violación de Derechos Humanos en toda la historia de Venezuela. El recorrido pasa por elementos burocráticos como violar la Constitución para dificultar o tergiversar  el voto de la gente o asuntos de extrema gravedad como el asesinato, las desapariciones y hasta las violaciones de presos y perseguidos.

Y no se trata solamente de notas periodísticas o denuncias públicas. Se trata de casos bien documentados y elevados ante las instancias internacionales a sabiendas de que internamente, entre otras violaciones, la justicia venezolana tiene dueño y apellido. La clave de todas las cosas que ocurren en esta materia está en releer al antiguo militar chavista Aponte Aponte, quien después de una larga pasantía disfrutando de los beneficios de ser chavista en el régimen de los intereses y las componendas, se disgusta, aparentemente porque los descubren en ciertos movimientos extraños,  y entra en barrena a los ojos de su amo.

En dos platos esto está podrido. Aponte Aponte lo dijo. Y más tarde Luis Velásquez Alvaray, otro chavista de alto vuelo en el ámbito judicial que por obra y gracia de unos billetes perdidos termina huyendo del país y, años después, con varias cirugías plásticas y hasta cabello nuevo encima, se aparece y prende también el ventilador contra su antiguo amo.

¿Cómo se resume la pudrición de todo el sistema judicial? En dos palabras. Chávez manda. Aponte Aponte señaló e identificó directamente a Chávez como el individuo que impartía las órdenes para enjuiciar, perseguir, encarcelar, destruir, sancionar, penalizar, apresar, condenar y hacer hundir a quienes, por motivos que pueden ir desde un video doméstico hasta una acusación de conspirador o anti chavismo. De hecho dijo que los comisarios del 11de Abril estaban condenados por solicitud expresa de Chávez. Es decir, Simonovis, Vivas, Forero y todos los demás involucrados en los sucesos, con Aponte Aponte como ejecutor, responden a juicios dirigidos desde Miraflores.  Eso es en esencia lo que Aponte Aponte señala y que Velásquez Alvaray ratifica. Aunque, es bueno precisar, los denunciantes agregan un modo particular de actuar. Magistrados, jueces, funcionarios y varios de los jerarcas del régimen se reunían todos los viernes en la sede de la vicepresidencia de la República y allí decidían la vida y el destino final de la gente. Lindo estilo de repartir amor y construir patria.

En este contexto transcurre el caso de tres personas que dentro de unos años serán de importancia capital, junto a otras víctimas más, para establecer responsabilidades y hacer justicia de verdad. Aquí o afuera. O en ambos ámbitos. Gustavo Arraiz, Eligio Cedeño y la jueza  María Lourdes Afiuni. Un caso que comienza debidamente guardado, engavetado, por años en el que Arraiz aparece como negociador de importaciones electrónicas y supuestamente le sacan indebidamente unos cuantos de millones de dólares a Cadivi. Eligio Cedeño es involucrado por sus intermediaciones bancarias, pero sin que nunca se le demostrara ilícito alguno. De un día para otro este caso es reabierto, luego de años de extraña protección desde el poder y listo. Arraiz es traído a empujones desde Panamá. Cedeño se entrega de buena fe y a la jueza Afiuni le toca, años después, cumplir la ley y un mandato de la ONU para terminar como dice Francisco Olivares, periodista jefe de Investigación de El Universal,  en su libro, "Afiuni, la presa del comandante".

¿Por qué tanta rabia contra los involucrados en el extraño caso que pasó del congelador, a la persecución y a la violación de los Derechos Humanos más elementales de todos los involucrados? ¿Cuál es el verdadero móvil tras la persecución y la saña?

La historia hablará algún día.


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